"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Acceso Universal
El CERMI insta al Gobierno a aprobar en plazo el Real Decreto de transposición de la Directiva de Accesibilidad a páginas web y a aplicaciones móviles del sector público
08/08/2018
El CERMI ha instado al Gobierno de España, a que apruebe en el plazo marcado por la Unión Europea, el real decreto de accesibilidad a páginas de internet y dispositivos móviles del sector público, para no incurrir en sanciones de la Comisión Europea por incumplimiento de Directivas.
Según esta nueva normativa, derivada de la transposición de una Directiva de la Unión Europea que debe trasladarse al Derecho español antes del 23 de septiembre de 2018, las aplicaciones para dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, etc.) de todo el sector público deberán ser accesibles para personas con discapacidad.
A partir de que esta regulación entre en vigor, se extiende la obligación de accesibilidad a las aplicaciones móviles de todos los órganos constitucionales, administraciones, organismos, entidades y empresas que integran el sector público. Hasta el momento, el deber legal de accesibilidad en España se limitaba a los sitios web públicos, con lo que ahora se amplía a las aplicaciones móviles, canales digitales que han proliferado y de uso generalizado en los últimos años.
A tenor de la nueva regulación, los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de las entidades obligadas “deberán ser accesibles para sus usuarios y, en particular, para las personas mayores y personas con discapacidad, de modo que sus contenidos sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos”.
Además “la accesibilidad se tendrá presente de forma integral en el proceso de diseño, gestión, mantenimiento y actualización de contenidos de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles”.
El pasado día 26 de julio, el Consejo de Estado emitió dictamen preceptivo sobre el proyecto de real decreto, por lo que ya se ha culminado toda la tramitación que corresponde a una norma reglamentaria, por lo que solo queda su aprobación por el Consejo de Ministros.
El CERMI ha participado en la redacción de la futura norma a través de un diálogo intenso, con propuestas y aportaciones, desarrollado con la secretaría de Estado de Función Pública del ministerio de Hacienda y Función Pública, que está siendo la instancia promotora de este real decreto.
